La caracola
La Procuraduría General de la República (PGR) ha retrasado el pago del salario a unos 30 fiscales en procesos disciplinarios, generando malestar y preocupación en el Ministerio Público, denunció la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom).
Su coordinador ejecutivo, Francisco Rodríguez y otros miembros de la entidad manifestaron que respaldarán a sus compañeros en una protesta que anunciaron realizar mañana frente a la institución en repudio al atropello del que han sido objeto miembros de la institución que enfrentan procesos disciplinarios, en violación al principio de igualdad.
“La Asociación de Fiscales Dominicanos quiere expresar a toda la ciudadanía y, muy especial a los miembros del Ministerio Público nuestra preocupación con el caso de muchos de nuestros compañeros que no han recibido el salario de este mes”, explicó Rodríguez.
Deploró que procuradora general de la República tomada la medida de forma unilateral, sin consultar los demás miembros del Consejo Superior del MP, para retener el sueldo a esos fiscales por haber estado sometido a un proceso de investigación, que a más de cuatro años no ha sido resuelto.
Señaló que algunos de esos miembros del Ministerio Público fueron suspendidos de forma ilegal.
Otros fiscales, que dijeron omiten sus nombres para evitar caer en desgracia con la procuradora Miriam Germán Brito, indicaron a El Nacional que el pasado viernes no le hicieron el pago de su salario, ya que la institución no pasa del 20 sin pagar.
Muchos de los afectados se presentaron el viernes a la PGR para que les den una explicación de porqué no les han pagado, y la respuesta que le dieron es que “no saben nada”.
“Queremos denunciar que nos acabamos de enterar que la procuradora Miriam Germán envió un oficio para que retengan el sueldo de 30 fiscales, muchos de ellos enfermos y que les quieren pagar con cheques en un acto de humillación”, narraron a El Nacional fiscales consultados.
Señalaron que esa actitud viola el derecho a la igualdad y a la salud consagrado el artículo 44 y el 61 de la Constitución de la República.
Algunos de los afectados están suspendido y otros tienen problemas de salud.
“Esta ha sido una decisión arbitraria irracional e injusto. Una disposición que no ha sido decidida de manera motivada viola la presunción de inocencia de la que está revestido todo individuo, hasta que no haya una sentencia firme e irrevocable que disponga los contrario”, considero otro de los integrantes de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom).
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Los representantes del Ministerio Público entienden que no se pude deducir consecuencias negativas sin un sustento legal motivado.
“Si nosotros somos los garantes de que se cumpla con la ley no podemos violarla”.
