SANTO DOMINGO, RD. – La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó la prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado en la denominada Operación Onco14, investigación que involucra presuntas maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres. La medida, impuesta en junio, fue confirmada durante la revisión obligatoria solicitada por el Ministerio Público, debido a que el tribunal determinó que no han variado las circunstancias que motivaron su imposición.

La misma medida fue dictada contra su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, quien guarda prisión en el CCR Rafey Mujeres. Su revisión obligatoria fue fijada para el próximo 2 de diciembre. En tanto, su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario y renunció a la revisión de esa medida.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían utilizado diversos mecanismos para distraer fondos del Patronato, entre ellos presunto fraude clínico y farmacéutico, cambios de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa, entrega incompleta de medicamentos y venta de fármacos donados. También se investigan alegados casos de contrabando, tráfico de sustancias controladas, reembolsos fraudulentos, gastos de representación ilegítimos, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

El órgano persecutor sostiene además que los imputados habrían creado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para distraer recursos y realizar cobros al SeNaSa por servicios y medicamentos que, según la acusación, no habrían sido suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao. El caso fue declarado de tramitación compleja y continúa bajo investigación.

El equipo del Ministerio Público estuvo integrado por el procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago, Heidys de León, quienes solicitaron mantener la medida de coerción contra Lora Cruceta.

Otros procesados

El Ministerio Público también informó sobre las medidas de coerción impuestas a 24 personas arrestadas en el marco de la Operación Cobra 2.0-A, vinculada a una investigación por presunta sustracción de fondos públicos mediante operaciones relacionadas con el SeNaSa.

Entre los procesados a quienes se les impuso prisión preventiva figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplir la medida en el CCR Las Parras. También fueron enviados a prisión preventiva, por 18 meses, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, en el CCR Najayo Mujeres.

La revisión obligatoria de estas medidas fue fijada para el 22 de diciembre de 2026, mientras que otros imputados recibieron arresto domiciliario, garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica, según corresponda.

La judicialización de una de las líneas de investigación de la Operación Cobra comenzó el año pasado con el arresto del entonces director del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otros imputados. El Ministerio Público sostiene que las investigaciones buscan establecer responsabilidades penales y recuperar recursos que, según la acusación, habrían sido sustraídos del Estado dominicano.