La CaracolaSanto Domingo. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó su profunda preocupación ante una reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, según advirtió, podría afectar gravemente la integridad del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes de la República Dominicana. El fallo ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y dispone, en los hechos, la exclusión de determinadas parcelas dentro de esta zona de conservación estricta.
La Coalición alertó que esta decisión judicial no solo tiene implicaciones técnicas o administrativas, sino que corre el riesgo de validar históricas pretensiones de apropiación irregular de terrenos ubicados en áreas protegidas, lo que representaría una amenaza directa al patrimonio público ambiental.
Según la organización, la sentencia podría sentar un precedente peligroso al permitir que omisiones administrativas de carácter cartográfico o registral prevalezcan sobre áreas protegidas creadas por ley. Esto, a su juicio, debilita el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de proteger el patrimonio natural de la Nación.
“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Estas áreas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental y social esencial para la sostenibilidad”, señaló la Coalición en un comunicado.
El colectivo ambiental también denunció la existencia de un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha involucrado a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras destinadas a distorsionar la realidad documental de los territorios protegidos. Afirmó que esta práctica persistente constituye hoy la principal amenaza para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Asimismo, advirtió que la interpretación asumida por los jueces del TSA podría abrir la puerta a una judicialización masiva del SINAP, generando inseguridad jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con la Constitución y con acuerdos internacionales suscritos por el Estado dominicano, en especial el derecho colectivo a un medioambiente sano.
Las organizaciones que integran la Coalición reiteraron que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental y subrayaron que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse exclusivamente por la vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto del marco constitucional y los compromisos internacionales del país.
En ese contexto, la Coalición anunció su disposición de constituirse como interviniente voluntaria en los procesos judiciales pertinentes, con el objetivo de revertir lo que calificó como un grave desatino jurídico. También hizo un llamado respetuoso a las instancias judiciales competentes para que, al conocer los recursos correspondientes, ponderen adecuadamente los derechos colectivos, el principio de no regresión ambiental y el interés público.
Finalmente, la Coalición reafirmó su compromiso permanente con la defensa del patrimonio natural dominicano, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
