La CaracolaUna serie de documentos internos, audios y testimonios de empleados apuntan a la existencia de un presunto esquema de presión política y recaudación obligatoria dentro del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), en el que servidores públicos habrían sido forzados a financiar un movimiento político denominado La Maquinaria del Cambio.
Las denuncias, reveladas por el programa de investigación N Investiga, describen un patrón de amenazas laborales, suspensiones sin sueldo y sanciones administrativas contra empleados que se negaban a integrarse al movimiento o a realizar aportes económicos mensuales.
De acuerdo con los testimonios recogidos en distintas provincias, los trabajadores eran obligados a aportar sumas fijadas según su nivel salarial. Un documento atribuido a la estructura del movimiento establece cuotas que oscilan entre los 3,000 y los 20,000 pesos mensuales, dinero que no ingresaba a cuentas institucionales, sino a cuentas personales de integrantes de la directiva política.
Uso de la estructura pública
Uno de los elementos más graves señalados en la investigación es que la recaudación habría sido coordinada por un empleado del propio FEDA, con acceso a la nómina y a los mecanismos administrativos de la institución, lo que, según los denunciantes, facilitaba la aplicación de represalias contra quienes se resistían.
Los cobros se realizaban tanto de manera presencial como a través de grupos de WhatsApp creados bajo el concepto de “motivación”. Sin embargo, empleados aseguran que negarse a pagar derivaba en amonestaciones, suspensiones e incluso cancelaciones, desmontando cualquier argumento de voluntariedad.
Chats internos muestran mensajes atribuidos a la dirección del FEDA instruyendo al departamento de Recursos Humanos a sancionar a quienes cuestionaran el pago de boletas o contribuciones, reforzando la versión de que se trataba de un mandato interno y no de una iniciativa personal.
Suspensiones sin notificación formal
Varios trabajadores afirmaron haber sido suspendidos sin disfrute de salario, recibiendo la notificación únicamente por mensajes, sin documentación oficial ni explicación escrita. Estas medidas los dejaban, de forma inmediata, sin ingresos para sostener a sus familias.
Rifas y actividades forzadas
Además de las cuotas mensuales, los denunciantes describen un segundo método de recaudación mediante rifas y eventos denominados “Monta a tu regidor”. En estas actividades, los empleados debían vender boletas destinadas, según se les indicaba, a la compra de vehículos para regidores o aspirantes políticos vinculados al movimiento, algunos sin cargos electivos.
Quienes no lograban vender las boletas eran obligados a asumir el costo con su propio dinero o enfrentar sanciones laborales. Durante los eventos se exhibían públicamente los vehículos adquiridos, acompañados de material audiovisual con mensajes políticos.
Posibles violaciones legales
La Ley de Función Pública prohíbe expresamente que funcionarios utilicen su posición para exigir aportes económicos a subordinados, mientras que la Ley de Partidos y Movimientos Políticos impide obligar a servidores públicos a financiar organizaciones políticas, aun cuando los pagos se presenten como voluntarios.
Las denuncias adquieren mayor gravedad al tratarse de una institución adscrita a la Presidencia de la República, financiada con fondos estatales y creada para impulsar el desarrollo de pequeños y medianos productores agropecuarios.
Antecedentes polémicos
El FEDA, fundado en 1972 y dirigido desde octubre de 2021 por Hecmilio Galván, ya había sido señalado previamente por irregularidades administrativas. En 2023 se denunciaron inconsistencias en la entrega de pollitas ponedoras, así como posibles conflictos de interés en la compra de gallinas a proveedores con vínculos con la dirección de la entidad, a precios muy por encima del mercado.
Las nuevas revelaciones amplían el alcance de los cuestionamientos, al vincular presuntas fallas administrativas con prácticas de clientelismo político que, de confirmarse, afectarían directamente a empleados del Estado.
