UsuarioLa Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), manifestó su preocupación ante el proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, afirmando que en esa norma se “imponen cargas desproporcionadas que podrían comprometer seriamente la competitividad del sector y desincentivar la inversión.
Adozona recordó que el sector representa más del 65% de las exportaciones nacionales y genera alrededor de 200,000 empleos formales.
Entre los principales puntos que generan inquietud, ADOZONA señala que la ley establece un nuevo esquema de costos que representa aumentos que oscilan entre 160% y 500% por concepto de las tasas de contribución actuales, así como el aumento sustancial de costos operativos derivados de nuevas tarifas obligatorias por la gestión de residuos, que alcanzan hasta RD$4.50 por kilo en plantas de valorización.
A esto se suman sanciones económicas de gran magnitud (hasta RD$60 millones), limitaciones para la autogestión de residuos y el establecimiento de un solo relleno sanitario por provincia, lo que podría elevar los costos logísticos en regiones apartadas.
La asociación también resalta que el proyecto no distingue entre los tipos y volúmenes de residuos generados por las distintas industrias, imponiendo un modelo uniforme que ignora la realidad operativa de muchas empresas que ya cuentan con procesos eficientes de reciclaje y gestión interna.
Igualmente, este marco legal, de ser promulgado, desincentivaría prácticas de sostenibilidad que están siendo impulsadas por el sector de zonas francas y proyectos de revalorización (reciclaje) en beneficio de las distintas comunidades del país.
Adozona reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, pero considera que una legislación efectiva debe contemplar enfoques diferenciados, incentivos a la colaboración entre empresas y el desarrollo de infraestructura compartida. Necesitamos un marco regulatorio justo, que promueva la protección del medio ambiente sin frenar el desarrollo productivo del país.
La entidad hace un llamado a las autoridades a revisar el proyecto con apertura y diálogo, incorporando la visión del sector privado para asegurar una normativa realista, eficiente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la República Dominicana.
