La CaracolaLa Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional pospuso para este jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia para conocer las medidas de coerción contra los diez implicados en el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que habría generado pérdidas superiores a 15 mil millones de pesos.
Defensa pide más tiempo para leer el expediente
El abogado defensor del exdirector solicitó al juez una prórroga para poder revisar detalladamente el expediente del caso. Según el letrado, el volumen de documentos es considerable y requiere un análisis exhaustivo para garantizar una defensa adecuada.
La solicitud fue presentada durante la audiencia preliminar, donde también se discutieron otros aspectos del proceso judicial. El juez, por su parte, indicó que evaluará la petición y tomará una decisión en los próximos días. La defensa argumenta que el tiempo adicional es crucial para preparar una estrategia que permita demostrar la inocencia del acusado.
Aunque los imputados fueron trasladados al tribunal este martes, la mayoría de los abogados defensores solicitó un aplazamiento, argumentando que necesitaban más tiempo para analizar el expediente presentado la noche anterior por el Ministerio Público.
El órgano acusador está solicitando 18 meses de prisión preventiva para los encartados y que el caso sea declarado complejo. La investigación ha sido denominada “Operación Cobra” y, según el Ministerio Público, se trata de una red organizada que operó durante años dentro de Senasa.
Estructura criminal interna
En la solicitud de medida de coerción, las autoridades describen una estructura dedicada a desviar fondos públicos, alterar procesos administrativos y beneficiar de manera directa a funcionarios y personas cercanas a ellos. Se habla de una combinación de delitos como fraude, corrupción administrativa, falsificación de documentos y lavado de activos.
El caso ha generado amplio debate público, en medio de reclamos de mayor transparencia y sanciones ejemplares. En este contexto, algunas voces señalan que figuras de poder, incluso expresidentes, deben entender que no se trata de proteger cuotas políticas, sino de responder ante la justicia cuando se afecta al Estado.
