UsuarioRepresentantes de más de un centenar de entidades empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), manifestaron nuevamente su preocupación y su rechazo total a la aprobación en primera lectura del proyecto de reforma al Código de Trabajo, al tiempo que reiteraron su disposición a seguir dialogando sobre el tema.
Tras examinar el texto aprobado, confirmaron que mantienen la advertencia previamente presentada en el Senado, señalando que la propuesta desconoce avances logrados en las discusiones tripartitas, introduce temas que no se debatieron y omite puntos esenciales para la creación de empleos formales.
“La República Dominicana merece una reforma laboral verdaderamente transformadora, que genere más y mejores empleos, y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos”, expresaron las organizaciones empresariales. Cuestionaron la prisa con la que los diputados han acelerado el conocimiento de una reforma que no aborda los temas estructurales requeridos para la modernización.
El sector empleador ha subrayado desde el inicio de las conversaciones la necesidad de actualizar la legislación laboral y ha reiterado su apertura a un diálogo orientado a un consenso que preserve los derechos fundamentales de los trabajadores, fomente la productividad, impulse empleos formales y fortalezca la competitividad del país. “Esta reforma envía una señal negativa en un momento en que el país enfrenta grandes retos globales, que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro”, afirmaron en la nota.
“Insistimos en que cualquier reforma al Código de Trabajo debe ser fruto de un proceso amplio, participativo y basado en estudios técnicos que evalúen sus impactos económicos y sociales. Esta reforma, en los términos actuales, hace perder la oportunidad histórica de lograr algo trascendental con el apoyo de toda la sociedad”, afirmaron.
Las entidades reiteraron su llamado al Congreso y a las autoridades a actuar con prudencia y retomar el diálogo tripartito, incluyendo a empleadores, trabajadores y Gobierno, con el fin de construir un marco normativo moderno, equitativo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las próximas generaciones.
