Santo Domingo.<\/strong> La madre de Rosaura Almonte, una adolescente de 16 a\u00f1os que falleci\u00f3 de leucemia en 2012 mientras cursaba un embarazo de tres semanas, present\u00f3 un recurso ante el Tribunal Constitucional para desafiar la prohibici\u00f3n absoluta del aborto en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n La acci\u00f3n legal, respaldada por organizaciones de la sociedad civil y una entidad cristiana, busca que se permitan interrupciones del embarazo en tres circunstancias: cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer o ni\u00f1a, en casos de violaci\u00f3n o incesto, y cuando el feto presente anomal\u00edas incompatibles con la vida.<\/p>\n \u201cMi hija muri\u00f3 porque se le neg\u00f3 la atenci\u00f3n m\u00e9dica que necesitaba. Ninguna otra madre deber\u00eda tener que pasar por esto\u201d, afirm\u00f3 Rosa Herminia Hern\u00e1ndez, madre de Rosaura, en un comunicado.<\/p>\n Rep\u00fablica Dominicana mantiene una de las legislaciones m\u00e1s restrictivas de Am\u00e9rica Latina en materia de aborto, al penalizarlo sin excepciones. Las mujeres pueden enfrentar hasta dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, mientras que m\u00e9dicos y parteras se exponen a condenas de entre cinco y 20 a\u00f1os.<\/p>\n La abogada Patricia Santana Nina se\u00f1al\u00f3 que la demanda busca garantizar que \u201cninguna mujer o ni\u00f1a tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley\u201d.<\/p>\n El recurso tambi\u00e9n expone otros casos que evidencian el impacto de la legislaci\u00f3n vigente. Entre ellos, el de una mujer que en 2023 sufri\u00f3 un aborto espont\u00e1neo e incompleto y fue detenida durante 10 d\u00edas en condiciones consideradas inhumanas, pese a requerir atenci\u00f3n m\u00e9dica urgente.<\/p>\n Seg\u00fan datos oficiales citados en la impugnaci\u00f3n, entre 2019 y finales de 2024 se registraron al menos 67,455 abortos en el sistema p\u00fablico de salud, aunque las estad\u00edsticas no distinguen entre abortos espont\u00e1neos e inducidos. Adem\u00e1s, entre junio de 2017 y octubre de 2022 se procesaron judicialmente 62 casos por aborto y 16 por intento de aborto.<\/p>\n La demanda tambi\u00e9n destaca que la prohibici\u00f3n afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situaci\u00f3n de pobreza, quienes tienen menos acceso a servicios m\u00e9dicos privados dentro o fuera del pa\u00eds y enfrentan un mayor riesgo de ser procesadas penalmente.<\/p>\n El documento subraya adem\u00e1s que en 2024 al menos 585 ni\u00f1as de entre 11 y 14 a\u00f1os se convirtieron en madres, mientras que entre enero y julio de 2025 se reportaron 681 violaciones, una cifra que activistas consideran inferior a la realidad debido al subregistro de denuncias.<\/p>\n Los demandantes sostienen que la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la igualdad, y piden al Tribunal Constitucional revisar una normativa que, aseguran, ha tenido consecuencias graves para mujeres y ni\u00f1as en situaciones de extrema vulnerabilidad.