La procuradora aclaró que las penas máximas corresponden a crímenes ajenos al ejercicio médico y rechazó versiones sobre supuestas prohibiciones para recetar por WhatsApp o administrar anestesia.

Santo Domingo, RD. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que ningún médico será condenado a 60 años de prisión por una práctica médica culposa, al tiempo que llamó a interpretar correctamente las disposiciones del nuevo Código Penal dominicano.

Durante un taller sobre la reforma penal dirigido a profesionales de la salud, Reynoso explicó que las penas de hasta 60 años corresponden a la acumulación de condenas por determinados crímenes y no a un error médico cometido de manera culposa, es decir, sin intención de causar daño.

La magistrada también desmintió las versiones que sostienen que los médicos podrían ir a prisión por recetar medicamentos a través de WhatsApp o por administrar anestesia a sus pacientes. Afirmó que el nuevo Código Penal no establece una prohibición general de las consultas médicas mediante aplicaciones de mensajería.

En relación con los procedimientos clínicos, Reynoso explicó que la medicina implica riesgos permitidos y que la ocurrencia de una complicación no significa automáticamente que exista responsabilidad penal. Según indicó, cada situación debe analizarse tomando en cuenta las circunstancias particulares, la actuación del personal sanitario y los principios jurídicos aplicables.

La procuradora sostuvo que, para establecer una infracción penal, es necesario que la conducta encaje en una figura expresamente contemplada por la ley. En ese sentido, rechazó que la administración de anestesia constituya por sí misma una conducta ilícita, al tratarse de un procedimiento médico habitual.

Asimismo, destacó que la reforma del Código Penal representa un cambio en el sistema jurídico dominicano, al incorporar principios que, según su valoración, deben orientar la interpretación de las normas y la determinación de la responsabilidad penal.

Reynoso también reconoció los aportes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) a los debates y procesos de reforma del sistema judicial dominicano.

Sus declaraciones se producen en medio de las inquietudes expresadas por profesionales de la salud sobre el alcance de las nuevas disposiciones penales y sus posibles implicaciones para la relación entre médicos y pacientes.

La aclaración no supone que los profesionales sanitarios estén exentos de responsabilidad penal: las actuaciones que puedan constituir una infracción deben evaluarse conforme a la ley y a las circunstancias de cada caso.