El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que la implementación de puertos secos en la frontera dominico-haitiana podría desplazar a miles de comerciantes tradicionales y concentrar el comercio en manos de grandes operadores económicos, afectando directamente a más de 13 mil comerciantes y alrededor de 100 mil personas que dependen de la dinámica comercial en provincias fronterizas como Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales.
La organización política expresó preocupación por el alcance del Decreto 166-26, mediante el cual el Gobierno declaró de alto interés nacional la construcción y operación de puertos secos en la zona fronteriza. Aunque reconoce que la iniciativa busca ordenar el comercio y fortalecer los controles logísticos y aduaneros, el PLD considera que el modelo podría generar consecuencias económicas y sociales negativas si no se garantiza la participación de los actores tradicionales de la frontera.
El PLD sostuvo que el comercio dominico-haitiano ha sido construido históricamente por pequeños y medianos comerciantes, transportistas, productores agrícolas y emprendedores locales, quienes han desarrollado uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe y sostienen gran parte de la economía social de la región fronteriza.
La entidad señaló que uno de los puntos más preocupantes del decreto es el artículo 5, que exige a las empresas interesadas en operar puertos secos construir terminales intermodales terrestres y cumplir con elevados requisitos técnicos, financieros y tecnológicos. A juicio del partido, estas condiciones resultarían prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales, creando el riesgo de exclusión y favoreciendo a grandes grupos empresariales con mayor capacidad de inversión.
Asimismo, el PLD alertó sobre posibles debilidades en los mecanismos de control y supervisión, señalando que un modelo mal diseñado podría abrir espacios al contrabando, la triangulación comercial y la entrada ilegal de mercancías extranjeras al mercado dominicano, afectando la producción nacional, el empleo y las recaudaciones fiscales.
La organización también cuestionó cómo coexistirían los nuevos puertos secos con los puestos interagenciales ya establecidos en la frontera para el control migratorio, sanitario y aduanero, advirtiendo sobre posibles duplicidades institucionales y vacíos operativos.
Ante esta situación, el PLD propuso cinco principios fundamentales para cualquier proceso de modernización fronteriza: protección de los comerciantes tradicionales, controles estrictos contra el contrabando, participación obligatoria de productores y comerciantes en la gobernanza de los puertos secos, prioridad para productos dominicanos y transparencia total en concesiones y permisos.
“El comercio fronterizo no puede modernizarse destruyendo la frontera”, expresó la organización política, al insistir en que el desarrollo de la zona debe realizarse con la participación de las comunidades fronterizas y no en detrimento de sus economías locales.
El PLD reiteró que la frontera debe ser concebida como un espacio de desarrollo nacional, integración territorial y fortalecimiento de la soberanía económica dominicana, y no únicamente como un corredor logístico orientado a importaciones y reexportaciones.




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