Funglode debate el nuevo Código Penal dominicano con enfoque del modelo francés

Santo Domingo. – La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebró la noche de este lunes el conversatorio “El Nuevo Código Penal dominicano: reflexiones desde el modelo francés”, reuniendo a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos y avances de la reforma penal en la República Dominicana.

La actividad fue encabezada por el expresidente y presidente fundador de Funglode, Leonel Fernández, quien dejó formalmente iniciado el evento. El encuentro fue organizado junto al Observatorio Judicial Dominicano, el Centro de Estudios de la Francofonía, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), la Cátedra UNESCO y el Institut International du Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF).

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, quien subrayó la importancia de fomentar debates rigurosos sobre una legislación clave como el Código Penal, destacando la necesidad de un sistema de justicia moderno y alineado con estándares internacionales.

La moderación del conversatorio estuvo en manos del magistrado Hermógenes Acosta, quien resaltó el valor de analizar experiencias comparadas, particularmente la francesa, para enriquecer el debate jurídico nacional.

Entre los expositores internacionales se destacó el profesor Xavier Pin, de la Université Jean Moulin Lyon 3, quien abordó la evolución del modelo penal francés. Durante su intervención afirmó que el derecho penal debe adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, garantizando un equilibrio entre sanción, prevención y respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, la profesora Raphaële Parizot, de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, analizó los retos contemporáneos de la justicia penal en el contexto de la digitalización. Señaló que la inteligencia artificial está transformando los sistemas judiciales, aunque advirtió que estos avances deben ir acompañados de garantías que protejan el debido proceso, la presunción de inocencia y la transparencia.