La Caracola
Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció el deterioro que, según afirma, ha experimentado la administración pública durante los últimos seis años de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y cuestionó que el propio Ministerio de Administración Pública (MAP) reconozca dificultades para determinar con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde laboran y cuáles plazas están efectivamente ocupadas. La organización opositora consideró que esta situación evidencia una pérdida de control sobre el recurso humano estatal.
El PLD señaló que existen instituciones cuyos titulares desconocen cuántos colaboradores están bajo su responsabilidad, empleados nombrados en una provincia que trabajan en otra, personal que continúa figurando en nómina pese a encontrarse fuera del país y plazas ocupadas en las que, según la denuncia, no se estaría prestando el servicio correspondiente. Para el partido, estas situaciones reflejan problemas de organización, supervisión y gestión de los recursos humanos del Estado.
La organización política sostuvo que el deterioro no responde a una falta de herramientas tecnológicas, sino a lo que calificó como una ruptura de la continuidad institucional y un manejo clientelar de la administración pública. En ese sentido, recordó que al concluir la gestión del PLD, el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) incorporaba aproximadamente al 97 % de los empleados del Gobierno Central, permitiendo administrar información del personal, controlar la nómina, gestionar expedientes electrónicos y dar seguimiento a la carrera administrativa. También destacó el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y el programa República Digital, mediante el cual más de mil servicios públicos fueron habilitados en línea.
El PLD también cuestionó la reducción de servidores incorporados mediante concursos públicos. Afirmó que en agosto de 2020 había aproximadamente 94 mil servidores integrados a la carrera administrativa mediante concursos, mientras que actualmente las autoridades presentan alrededor de 60 mil. Al mismo tiempo, indicó que la nómina que cotiza en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) pasó de 652,033 empleados en agosto de 2020 a unos 780,000 en mayo de 2026, sin incluir contratados y temporales.
Otro de los puntos señalados por el PLD es el aumento del gasto de personal en el propio Ministerio de Administración Pública. Según los datos citados por la organización, al comparar la nómina de empleados fijos y contratados del MAP entre agosto de 2020 y junio de 2026, el gasto mensual aumentó de RD$19.5 millones a RD$32.7 millones, para un incremento de RD$13.2 millones mensuales, equivalente a un 67.5 %. El partido consideró contradictorio que el órgano encargado de racionalizar el empleo público aumente simultáneamente su gasto y cantidad de empleados mientras reconoce la existencia de nominillas.
La organización opositora advirtió que las consecuencias de este escenario trascienden las oficinas gubernamentales y terminan afectando la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Afirmó que una nómina que crece sin planificación puede limitar recursos destinados a áreas como salud, seguridad, agua potable, electricidad e infraestructura, mientras que la sustitución de servidores de carrera por criterios distintos al mérito, según el PLD, debilita la capacidad técnica de las instituciones y la eficiencia del Estado.
Ante este panorama, el PLD demandó recuperar la institucionalidad y propuso publicar la evolución de la nómina pública por institución desde agosto de 2020, incluyendo cantidad de servidores, gasto mensual y variaciones; transparentar el número actualizado de empleados incorporados a la carrera administrativa y los concursos realizados; restablecer el mérito como criterio para el ingreso y permanencia en el servicio público; realizar una auditoría sobre la nómina y los sistemas de gestión de recursos humanos, y retomar una política integral de transformación digital. El partido sostuvo que conocer con precisión el tamaño de la nómina pública debe ser un requisito básico para garantizar transparencia, eficiencia y confianza en la administración del Estado.
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