VIENA, Austria. – La elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue destacada ante las Naciones Unidas como un avance para la independencia judicial de República Dominicana, durante una sesión sobre lucha contra la corrupción y recuperación de activos.

La valoración fue realizada por Manuel Conde, coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), durante su intervención del 3 de noviembre en una sesión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), celebrada en Viena.

Conde calificó la designación como un hecho histórico, al señalar que Montero se convirtió en el primer magistrado proveniente de la carrera judicial en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia desde la implementación del actual sistema de selección, en 2001. Su elección fue realizada por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader.

El funcionario también informó que las acciones del Estado, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, han permitido recuperar más de RD$165,000 millones, como parte de los esfuerzos para devolver a la ciudadanía los recursos sustraídos al patrimonio público.

Durante su exposición, presentó seis buenas prácticas dominicanas en la lucha contra la corrupción, entre ellas la coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para fortalecer la prevención, investigación y persecución de estos delitos.

Asimismo, resaltó la reforma constitucional de 2024, la designación de Yeni Berenice Reynoso como procuradora general de la República, los acuerdos de devolución de recursos bajo control judicial, la aplicación de la extinción de dominio y la administración especializada de bienes incautados.

Conde reconoció que el país todavía enfrenta desafíos para conseguir sentencias definitivas, ejecutar las decisiones judiciales y recuperar activos ubicados en otras jurisdicciones. Por ello, consideró necesario fortalecer la cooperación y asistencia judicial internacional.

La delegación dominicana estuvo encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de República Dominicana en Viena. La participación fue coordinada por la DIGEIG, bajo la dirección de Milagros Ortiz Bosch, y acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.