SANTO DOMINGO.— Las autoridades dominicanas retuvieron más de 270 millones de unidades de mercancías ilícitas entre 2020 y 2026, incluidos 132 millones de unidades de tabaco y sus derivados, 135 millones de medicamentos y sus derivados, 1.5 millones de botellas de alcohol y 330 mil unidades de clerén y estimulantes sexuales.

Los resultados fueron presentados durante una reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito, encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la que sus integrantes acordaron fortalecer los operativos conjuntos y coordinar nuevas acciones para enfrentar este delito. Durante el período señalado, las autoridades realizaron 53,086 patrullajes y 759 allanamientos.

Reynoso destacó la importancia de fortalecer las investigaciones y adaptar el trabajo del Ministerio Público a las disposiciones del nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25, que entró en vigencia en agosto de este año. También propuso llevar el tema del comercio ilícito a las academias para profundizar en su estudio y contribuir a su erradicación.

La procuradora general señaló que el comercio ilícito afecta la salud de la población, la libre competencia, la producción formal, el empleo y el clima de inversión. Asimismo, resaltó el papel de instrumentos legales como la Ley de Extinción de Dominio (núm. 340-22) y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, al indicar que numerosos delitos vinculados al comercio ilícito también pueden servir de base para investigaciones por lavado de activos.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, llamó a las instituciones involucradas a mantener el seguimiento de los casos y la continuidad de las acciones conjuntas. Además, valoró la participación del sector privado en el consejo y afirmó que las estadísticas presentadas reflejan avances en el combate a esta actividad ilegal.

Reynoso explicó que el Ministerio Público impulsó la creación de una unidad operativa de investigación especializada en comercio ilícito, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a estas prácticas y sus consecuencias económicas y sociales.